La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical muestra su malestar ante la impugnación por parte de Subdelegación de los Gastos de Personal los Presupuestos Generales de 2009

EEste hecho ha derivado en un Auto del TSJA que obliga a la suspensión de los Presupuestos de 2009, en un claro trato discriminatorio respecto a los últimos aprobados de 2005, en los que no se produjo tal impugnación, cuando se aumentó el Capítulo I por encima de lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El delegado de Hacienda de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, José García Fuentes, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para informar sobre el Auto que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha realizado, tras la impugnación del Capitulo I “Gastos de Personal” del los presupuestos del ente comarcal de 2009, a instancias de la Subdelegación del Gobierno.

García Fuentes ha mostrado su desacuerdo, no con la sentencia, pero sí con la actitud de la Subdelegación del Gobierno, y ha explicado que “desde la Mancomunidad, se justificó hasta en dos ocasiones el incremento del capítulo 1 en los dos bloques principales. De un lado la subida de salarios del personal en una media del 7,04%, sustentada en un acuerdo de la Junta de Gobierno de Mancomunidad del año 1.998, por entonces gobernada por el PSOE, en la que se establecía que los trabajadores del ente se equipararían salarialmente con los del Ayuntamiento de Motril. Y de otro lado la subida en dos nuevos puestos eventuales que venían justificados por la aprobación del nuevo Canon de Mejora, que supone una inversión en obras para mejoras de redes por importe de 40 millones de euros y que requerían un trabajo adicional al que se venía desarrollando y por tanto un incremento de la plantilla en dos nuevas personas.

Asimismo, ha indicado que, esta impugnación se lleva cabo por superar el límite establecido en el capítulo 1, con el incremento del personal eventual a 4 personas, dos de ellas, de la época socialista, quienes se incorporaron en 2005 sobrepasando también el límite establecido en la Ley de PGE, sin que en este caso, la Subdelegación del Gobierno impugnara los Presupuestos Generales de 2005.

El delegado de Hacienda ha señalado que “nuestra intención ha sido la de regular dicha situación de alegalidad, pero la impugnación de los presupuestos, si bien no afectará al normal funcionamiento de la Mancomunidad, sí afectará a todos los trabajadores de la Institución comarcal, tanto fijos como eventuales, que tendrán que ver reducidos sus salarios, además de obligar a despedir a dos de los trabajadores que venían desempeñando labores de gestión del Ciclo Integral del Agua, y de las obras incluidas en el Canon de Mejora de las Infraestructuras, entre las que se encontraban, actuaciones tan importantes como la desodorización de la EDAR, las obras de mejora de la red de Pluviales del Camino del Pelaíllo, etc.



García Fuentes ha subrayado que “desde la Mancomunidad lo que se ha pretendido es regularizar una situación de alegalidad, ya que los anteriores gobernantes no habían confeccionado presupuestos desde el año 2005. Y para el cómputo del incremento determinado por la Subdelegación, se ha establecido desde el 2008, en el que no había presupuesto, cuando en realidad debería de haberse acumulado la subida de 2005, 2006, 2007 y 2008”.

Por último, ha indicado, que al tratarse de un acto de trámite administrativo, y no de una sentencia judicial, la Junta de Gobierno de la Mancomunidad habrá de reunirse para determinar si se presenta Recurso de Súplica y la forma de llevar a cabo la ejecución del Auto, intentando buscar la mejor solución por el buen funcionamiento de las importantes obras que se van a acometer en toda la Comarca”. 

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Política de Cookies